El reciente DNU que modifica la Ley de Vacunas para habilitar la compra de vacunas de los laboratorios Pfizer, Janseen y Moderna encendió alarmas en las provincias petroleras. Es que habilita la posibilidad de ejecutar por orden de tribunales extranjeros las regalías hidrocarburíferas, como garantía de la cláusula de indemnidad a los laboratorios proveedores. “Deja en la desprotección a una fuente de ingresos fundamental para las provincias petroleras, como es el caso de Chubut”, advirtió el diputado nacional Gustavo Menna al cuestionar los alcances del decreto.
Desde Juntos por el Cambio aún no definieron su postura, aunque ya planearon que la forma por la que el oficialismo para avanzar con el asunto refleja un «desprecio por el Congreso» y alertaron que el DNU «se compromete el ingreso que le genera a las provincias la explotación de recursos naturales».
Este martes, las tres funcionarias del Poder Ejecutivo que trabajaron en la letra chica del DNU que se conoció el viernes lo defenderán ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el camporista Marcos Cleri. Se trata de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Rechazan vía del DNU
La principal bancada opositora Juntos por el Cambio sigue sin definir su postura, pese a haber sido el espacio que, la semana pasada, instaló el tema. Fue durante la extensa sesión que se celebró el jueves, en la que pidió tratar un proyecto propio que era igual a la Ley de Vacunas sancionada el año pasado salvo que suprimía la palabra «negligencia».
Es que, tal como argumentó el diputado radical Gustavo Menna «no hay motivos» para hacerlo vía DNU. Es que, según argumentó, «no solo está en ordinarias el Congreso, sino que en la sesión del día previo al DNU el bloque más numeroso de oposición mocionó apartarse del reglamento para tratar sobre tablas las reformas que sean necesarias a la ley de vacunas para facilitar la contratación de más diversidad de laboratorios».
Asimismo, Menna, que integra la comisión bicameral, planteó: «¿Que imposibilidad había si la Cámara funcionaba y el principal bloque de oposición te daba los votos para tratar las reformas sobre tablas?».
Sin consulta a Gobernadores
Desde Juntos por el Cambio advirtieron que el DNU que modifica la Ley de Vacunas «entrega la posibilidad de ejecutar por orden de tribunales extranjeros las regalías, como garantía de la cláusula de indemnidad a los laboratorios proveedores» de las dosis.
«Un recurso natural de propiedad de las provincias, como es el caso de los hidrocarburos, fue una de las variables que se usaron esquivando al Congreso y la opinión de los gobernadores», advirtió Menna.
De acuerdo a lo que esgrimen desde la oposición, la Ley de Vacunas sancionada el año pasado establecía que la prórroga de jurisdicción y la renuncia a la defensa de inmunidad soberana que pactó la Argentina con los laboratorios no podía alcanzar, entre otros bienes, los impuestos y regalías a cobrar por la Argentina. Sin embargo, de acuerdo al chubutense, el DNU 431 «modificó esa pauta sin dar intervención al Congreso y sin pedir opinión a los gobernadores».
Si bien el decreto presidencial mantiene a salvo de la ejecución en eventuales juicios contra el país a los impuestos que recauda la Argentina, «no hace lo mismo con las regalías», con lo cual «deja en la desprotección a una fuente de ingresos fundamental para las provincias petroleras, como es el caso de Chubut», dijo el referente de JxC.
«Esto significa que se compromete el ingreso que le genera a las provincias la explotación de recursos naturales, como los hidrocarburos», enfatizó el diputado.
Y comparó los efectos que podría tener esta modificación con lo que durante del gobierno de Cristina Kirchner ocurrió con la Fragata Libertad. «En el caso de que se diera un juicio como el que en su momento provocó el embargo de la Fragata Libertad y la mantuvo inmovilizada en un puerto africano, las que se verían afectadas serían las provincias petroleras. Porque el DNU 431 ha excluido a las regalías de la protección contra ejecuciones judiciales de tribunales extranjeros».
