De acuerdo a información oficial, por indicación de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, este miércoles, el secretario de Articulación Federal de la Seguridad de esta Cartera, Gabriel Fuks, envió una nota formal al Gobierno de la Provincia del Chubut ante los hechos de público conocimiento vinculados con prácticas antidemocráticas en el ingreso al Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía provincial.
En la misiva, dirigida al gobernador Mariano Arcioni, Fuks expresa la preocupación del Ministerio de Seguridad de la Nación ante una situación que “transmite un mensaje absolutamente opuesto a una política de seguridad democrática y al respeto de los Derechos Humanos” y que, además, constituye un “hecho flagrante de discriminación y estigmatización de los sectores vulnerables”.
En ese sentido, el funcionario remarcó que “la imagen de una policía violenta, enemiga de su comunidad de la que forma parte o la intencionalidad de sembrar el terror no se condice, en modo alguno, con un régimen democrático de gobierno”.
Discriminatorias y violentas
Asimismo, y en vistas de la importancia de una revisión de las prácticas institucionales en materia de formación, capacitación y entrenamiento del personal de la Policía del Chubut, la Cartera que conduce Frederic puso a disposición del Gobierno Provincial el equipo de la Subsecretaría de Formación y Carrera, que depende de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal que funciona bajo la órbita de esta Cartera.
La nota enviada por Fuks alude a un conjunto de filmaciones que han tomado estado público en las que se ven escenas marcadamente discriminatorias y extremadamente violentas que la policía chubutense debería realizar como parte de sus tareas. Mediante cantos estigmatizantes que afirman “Piquetero, ten cuidado, que la noche es muy oscura y a tu villa voy a entrar” (sic), así como a través prácticas formativas con supuestos enfrentamientos contra sectores vulnerables, las imágenes evidencian una construcción del trabajo en materia de seguridad que colisiona con las políticas del Estado nacional en la materia, así como con los tratados de promoción y protección de los derechos humanos que suscribe la Argentina.
