Un grupo de científicas y científicos que conforman la Red de Derechos Humanos del CONICET realizó, entre octubre y noviembre, la primera Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA). La misma, que se llevó a cabo en alianza con más de treinta organizaciones sociales, registró que el 51 por ciento de los migrantes encuestados vieron interrumpidas su fuente de ingresos a partir de la emergencia sanitaria.
“Queremos festejar este Día Internacional del Migrante difundiendo los primeros datos de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina, porque entendemos que solo puede defenderse aquello que se conoce”, señala la investigadora del CONICET Ana Paula Penchaszadeh, quien junto a Natalia Debandi y Julieta Nicolao, integrantes de la Red de Derechos Humanos del Consejo, coordinaron la ENMA.
Penchaszadeh se refiere a que, en el año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó que cada 18 de diciembre se celebre en el mundo el Día Internacional del Migrante. El objetivo fue reafirmar el compromiso con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Lamentablemente, la situación de los migrantes en el mundo hoy, veinte años después y en plena pandemia del COVID-19, sigue siendo desigual. “A lo largo de los años, hemos visto cómo la desinformación y la falta de lecturas críticas y responsables de los pocos datos disponibles han favorecido la construcción de estereotipos y prejuicios respecto de personas cuya única ´falta´, en el caso de los migrantes de nuestro país, es no haber nacido en Argentina”, señala por su parte Debandi.
Resultados
Los datos salientes de la flamante encuesta advierten que el porcentaje de personas migrantes diagnosticadas con COVID- 19 es del 5 por ciento. Sin embargo, se estima que el porcentaje de contagios podría ser más alto ya que a ese dato, se le suma que el 6 por ciento de las personas encuestadas informó haber tenido síntomas compatibles con el COVID- 19 y un 4 por ciento convivió con personas que contrajeron el virus sin declarar que se contagiaron. “Cuando se analiza el impacto del COVID-19 por origen migratorio, se observan algunas variaciones significativas: la tasa de contagios de connacionales peruanes (9.3 por ciento), paraguayes (7.6 por ciento), haitianes (7 por ciento) y bolivianes (6.2 por ciento) es mayor, en comparación con la de colombianes (0.5 por ciento), chilenes (2 por ciento), senegaleses (4.6 por ciento) y venezolanes (5 por ciento)”, señalan en los primeros datos desagregados de la encuesta, que estará totalmente procesada entre marzo y abril de 2021.
Los datos iniciales de la ENMA también revelan que sólo un 20 por ciento de los migrantes declaró haber accedido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Y también que existió un acceso diferenciado según país de origen: las personas provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú, que integran los tres colectivos migrantes con mayor presencia histórica y numérica en el país, presentan un mayor porcentaje de IFEs otorgados que denegados, es decir, son quienes han tenido “mayor éxito” en su acceso. En cambio, entre las personas provenientes de Venezuela, Senegal, Haití, Colombia, Chile y Brasil, “se observa la tendencia contraria: el porcentaje de solicitudes es llamativamente más bajo, y el nivel de rechazos, claramente superior”.
Una herramienta pensada desde los Derechos Humanos
La idea de realizar la ENMA surgió en junio de 2020, en el marco del Eje Migración y Asilo de la Red Orientada a la Solución de Problemas (RIOSP) en Derechos Humanos del CONICET. A raíz de la llegada del COVID-19 y el consecuente Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), desde las organizaciones territoriales y de migrantes emergió una alerta sobre la situación de extrema vulnerabilidad y precariedad a la que se exponían personas migrantes en el país.
“En atención a ello, existió como antecedente inmediato de nuestro trabajo, una ´consulta en línea´ a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que se desarrolló desde el Espacio Agenda Migrante 2020, entre los meses de abril y mayo, bajo la coordinación de un conjunto de investigadoras de la RIOSP-DDHH”, comenta Nicolao. Esa experiencia puso en evidencia la necesidad de contar con información relativa a las personas migrantes actualizada y representativa, así como la ausencia de fuentes oficiales disponibles y completas.
“El objetivo que nos propusimos fue desarrollar una encuesta de aplicación anual que permita producir información actualizada, representativa y específica sobre las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Argentina, desde un enfoque de derechos humanos. En su edición 2020 se buscó priorizar la indagación de su situación y experiencia frente a la Pandemia del COVID-19 y sus medidas asociadas”, señala Debandi. La etapa de recolección de datos se desarrolló entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, a través de un cuestionario autoadministrado, anónimo, disponible online en 4 idiomas: español, chino, wolof y creole haitiano. Para su instrumentación, se articuló con más de treinta organizaciones de migrantes en todo el país, muchas de las cuales incluso participaron desde la instancia inicial del diseño. La encuesta obtuvo un total de 3188 respuestas.
“Nuestro proyecto –dice Penchaszadeh- no se detiene solo en el ´qué´, sino también en el ´cómo´: construir información relevante desde una perspectiva de derechos con y para los/as propios/as migrantes. Asumimos, así, el compromiso fuerte de trabajar, desde la etapa misma del diseño de la encuesta, con ´sujetos´ que se saben portadores de derechos y garantías y no con “objetos” de estudio y políticas públicas. El desafío en las próximas etapas es mantener vigente esta perspectiva práctica de los derechos humanos para la construcción de información objetiva y la transferencia responsable hacia áreas clave del Estado”.
El enfoque de derechos humanos, que define el rasgo distintivo de esta encuesta en relación a otros sistemas de recolección de datos, se evidenció en la incorporación de un conjunto de interrogantes dirigidos a mensurar el acceso efectivo a derechos de este colectivo e identificar problemas o barreras que encuentran en la sociedad de acogida para su materialización. “En efecto, pretendemos que la información obtenida a través de esta encuesta se constituya en un insumo para las/os propias/os migrantes e investigadores/as involucrado/as, contribuyendo al desarrollo de sus líneas de investigación, y a la incidencia en el diseño de las políticas públicas en defensa y protección de los derechos y garantías de la población no nacional”, subraya Nicolao. Además, la ENMA busca erigirse como un mecanismo complementario a la información estadística oficial disponible, teniendo en cuenta que Argentina es el país con más población migrante de todo el Mercosur. (Fuente: CONICET)
